Entendemos por participación ciudadana, el involucramiento activo de los ciudadanos y las ciudadanas en aquellos procesos de toma de decisiones públicas que tienen repercusión en sus vidas. Esto recibió reconocimiento legal en nuestro país con la entrada en vigencia de la Ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que incorporó en nuestra legislación la afirmación de que “el Estado reconoce a las personas el derecho de participar en sus políticas, planes, programas y acciones”.
Participación ciudadana implica que todas las personas entendidas como sujetos con capacidades, derechos y deberes, puedan involucrarse en el quehacer gubernamental fomentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas.
Algunos autores consideran que las condiciones para la participación ciudadana son:
- El respeto al Estado de Derecho
- Acceso a mecanismos institucionales
- Acceso a información
- Confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas
- Interés por parte de las instituciones públicas y gubernamentales hacia la población.
Los instrumentos de participación ciudadana contribuyen a la democracia por medio de los efectos esperados de:
- Mejorar la relación entre gobernantes y gobernados.
- Fortalecer el sistema democrático representativo y participativo.
- Garantizar derechos políticos y humanos.
- Legitimar decisiones gubernamentales.
- Consolidar la gobernanza, es decir, lograr que gobierno y sociedad actúen en conjunto.
